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MAS SI CABE CON EL IMPAGO QUE VENIMOS SOPORTANDO LOS FARMACEUTICOS DE MUCHAS AUTONOMIAS.
Tribuna de Opinión por Aurelio Alonso-Cortés
Sanear financieramente la Sanidad es la urgencia destacada recientemente por Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego. Y es que el sufrido español parece soportar estoicamente todas las consecuencias de la crisis, menos una.
No tolerará encontrar cerrados servicios hospitalarios porque no cobran sus proveedores, o que no se le atiendan las recetas del Servicio Nacional de Salud cuyo coste anticipan los farmacéuticos con esperanza de reintegro. Ya en 2010, algunas comunidades autónomas mostraron morosidad, con la lógica alarma social. ¿Colapsará esta Sanidad gerenciada por las autonomías?
La crisis sanitaria no es, pues, de calidad, sino de falta de financiación autonómica consecuente al despilfarro en otras áreas, con frecuencia en gastos superfluos y quizás abonados con fondos sanitarios. La solución pasa por dar a estos fondos carácter finalista, es decir intocable para otros destinos.
Rubalcaba, tomándolo del PP, lo asumía en su discurso de entronización como aspirante a la presidencia. Bien vendría también a los hospitales públicos una mejora organizativa reductora de gastos de personal ascendentes al 75% del total, proporción que sería insoportable en un hospital privado. Las autonomías han optado, en cambio, por medidas erróneas e incluso inconstitucionales. Así, en Cataluña se ha negado atención médica a residentes de otras comunidades y disminuido el servicio a sus propios habitantes.
Y cinco autonomías han reducido sus catálogos de medicamentos. ¿Dónde quedan los principios constitucionales de solidaridad e igualdad en prestaciones públicas con independencia de donde se viva? De no corregirlo, pronto habrá “17 Españas sanitarias”.
Otro “arreglo” ha sido “vestir” la desproporcionada organización hospitalaria “desvistiendo” a la farmacia. Este trasvase de economía se articuló desde el año 2000 en una veintena de normas reductoras de las retribuciones farmacéuticas; la “guinda” han sido los recortes de los Decretos Leyes 4 y 8 de 2010. Unido ello a la morosidad en ser reintegradas de anticipos, más de 7.000 farmacias están en situación límite y 3.000 de ellas pueden cerrar.
Cirugía correctora
Una reforma eficaz requerirá incorporar al Ministerio de Sanidad un “cirujano” que elimine tumores. Bien podría ser un médico con vocación política que se concentre en reorganizar lo hospitalario, saje “divertículos” como la política de igualdad y cohesione a médicos irritados por la prioridad ministerial dada al aborto y eugenesia.
Su primera tarea sería diagnosticar la dolencia sanitaria autonómica a partir de dos síntomas: 1) Crece imparablemente el gasto sanitario, en especial el hospitalario, mientras el farmacéutico tiende a disminuir; porque el precio medio del medicamento es el más bajo de Europa. 2) Informes acreditados –como el de la Fundación Bamberg del pasado abril, redactado por 100 expertos y varios exministros de Sanidad– detectan la mencionada deficiente organización hospitalaria: “es necesario –subraya– aplicar criterios empresariales de eficacia y resultados compatibles con que la Sanidad sea mayoritariamente pública”. Por contra, la farmacia es eficiente y sólo tres países de la UE tienen más farmacias por habitante que España, donde el 99% de los ciudadanos disponen de una a menos de cinco minutos de su domicilio.
Según Ana Pastor, exministra de Sanidad y responsable en el PP del área de servicios sociales, es preciso acabar con los macrohospitales y su importante gasto, crear centros de referencia donde sea oportuno y aumentar las redes de asistencia domiciliaria y ambulatoria adecuadas al aumento de pacientes crónicos y de enfermedades asociadas a una vida más larga. Propone dar a farmacéuticos y enfermeros un mayor papel en la atención sanitaria; junto a los médicos podrían desempeñar funciones de tratamiento y seguimiento de crónicos. Todo ello, asegurando la productividad sanitaria mediante una nueva política de recursos humanos con mayores incentivos.
Los populares, que rigen la España autonómica teñida de azul desde el 22-M, proyectan la revisión en profundidad del sistema autonómico. Hay que “repensarlo”, dijo Núñez Feijóo, impulsando un “pacto de concentración nacional” que afronte en lo que queda de legislatura la sostenibilidad del Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, en mi opinión, no hay margen temporal para tan insólito pacto; Rubalcaba ya ha concursado el material impreso necesario, lo que hace presumir elecciones anticipadas. Siendo realistas, cabe, al menos, que los partidos dominantes iluminen el escenario electoral avanzando programas resolutivos.
FAES, el “think tank” del PP, ya ha adelantado algunas ideas en su informe Por un Estado Autonómico nacional y viable, al diagnosticar cabalmente la enfermedad autonómica y dejar la puerta abierta a una reestructuración territorial en la prestación sanitaria, creando una tarjeta de atención única para toda España cualquiera que sea la residencia del titular. ¿Y por qué no concentrar los tratamientos en enfermedades graves o raras allá donde exista una mayor especialización?
Garantías financieras y jurídicas
Una Ley de Bases de Sanidad –dictar bases es competencia constitucional reservada al Estado, a la que deben ajustarse las autonomías– debiera asegurar al menos cuatro principios: 1º. Aplicar de modo finalista los ingresos tributarios destinados a Sanidad y farmacia, sin derivarlos a otros destinos. Se repondría así el Fondo de Garantía Sanitaria creado por la Ley 21/2001 de financiación autonómica, suprimido sin explicación por la vigente Ley 22/2009.
2º. Dar rango de ley a las normas retributivas del profesional sanitario titulado, conforme al principio de reserva legislativa previsto para las profesiones en los artículos 36 y 53 de la Constitución. 3º. Dar permanencia y estabilidad a dichas normas retributivas siguiendo el precedente de duración mínima establecido por el artículo 104 de la Ley del Medicamento 25/1990. 4º. Fijar un “suelo” retributivo a las farmacias de insuficiente facturación, en especial las rurales y aisladas.
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