CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DEL COF CANTABRIA

CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DEL COF CANTABRIA

A raíz de su disertación en Diario Montañés en respuesta a la denuncia de la critica situación que atravesamos las farmacias rurales hecha por una compañera de profesión -Silvia Quiñónez Piquero- escasas fechas antes en otro medio de comunicación;

Lo primero es darle las gracias por la rapidez de tan solo tres días con la que ha actuado intentando desacreditar ante la opinión publica esos argumentos.  Sinceramente espero que su capacidad de respuesta a la hora de asegurar la supervivencia del servicio en la prestación farmacéutica al 99% de la población de su comunidad sea tan eficiente y no lo digo por el bien de Silvia Quiñónez Piquero, a quien no conozco de nada, sino por el bien de los pacientes a los ella que le da servicio.  Seguro que ellos lamentarían profundamente quedarse sin farmacia y tener que desplazarse para conseguir su medicación.  Perdóneme si me equivoco pero este argumento de que quienes más pierden con el cierre de la farmacia no son tanto los farmacéuticos titulares como la población a la que se le priva del servicio parece que no se defiende con fuerza suficiente por una parte de la profesión que paradójicamente esgrime como principal argumento para defender el actual modelo mediterráneo precisamente la capilaridad en el servicio a la población a pesar de que este modelo comporta una serie de privilegios para las farmacias mejor ubicadas geográficamente en detrimento de quienes están en peores localizaciones.    Su posicionamiento publico deja en evidencia su falta de sensibilidad en este tema.

Argumentar que el farmacéutico rural lo es porque quiere y que para dejar de serlo puede vender o cerrar su farmacia me parece una falta de respeto a quienes nos dedicamos a la farmacia en condiciones tan adversas como son el medio rural cuando las posibilidades de acceder a una nueva apertura son prácticamente inexistentes dada la regulación en materia de farmacia.  Como usted bien sabe la no linealidad en los Reales Decretos de los tres últimos años han puesto en peligro la viabilidad económica de ciertas oficinas de farmacia y la Administración, consciente de este problema, estableció un índice corrector de los márgenes de las oficinas de farmacia a favor de aquellas farmacias que facturaban menos de 12.500 euros al mes en recetas para garantizar la continuidad en el servicio que prestaban (RD 9/11 de 19 agosto 2011 artículo 3.8).  A día de hoy, año y medio después de su implantación, apenas hay comunidades autónomas que han establecido los mecanismos que materializan ese índice por lo que la continuidad en el servicio que prestan sigue estando seriamente amenazada y los esfuerzos de la profesión para que se aplique ese índice brillan por su ausencia.

Parte de quienes se suponen que representan a la profesión parecen estar mas interesados en asegurar unos privilegios de casta para un negocio no sometido a las reglas del libre mercado argumentando la capilaridad en el servicio que prestamos que en velar por el interés común de todos aquellos a quienes se supone que representan incluso aquellos que nos vemos avocados a la inviabilidad económica en el ejercicio de la profesión por la ubicación.

Lamentando profundamente su falta de apoyo se despide atentamente.

Cristóbal Cabrera

Farmacéutico rural  -Sanlúcar de Guadiana, Huelva-