De unos años a esta parte se ha producido la
materialización de un movimiento que unía a muchos farmacéuticos que ejercíamos
en puntos muy distantes y que teníamos y tenemos en común la precariedad del
ejercicio de nuestra profesión. Como tantos otros me siento apoyado por
compañeros rurales, sobre todo por aquellos que ejercen en farmacias donde
pasar de ser el único profesional de la farmacia a tener ayuda es un sueño del
que se despierta día tras día. Los que abogamos por la farmacia rural como unos
de los fines, y por tanto garante, del modelo español de oficina de farmacia
creo estamos en lo cierto al considerar que el derecho de todos los asegurados,
independientemente de su lugar de residencia, a acceder a la prestación
farmacéutica, esto es al medicamento, mediante un modelo planificado de
farmacia es el argumento más convincente que justifica las restricciones a la
libertad de establecimiento promulgadas en los Tratados firmados por España en
el seno de la Unión Europea.
Los colegios profesionales defienden,
como no puede ser de otra forma, los intereses de los pacientes y también de
los boticarios. Conjugar ambos intereses, cuando también hay otros
farmacéuticos que reclaman sus legítimos derechos no es tarea fácil, requiere
el movimiento de muchos recursos y, si es necesario, también forzar hasta el
extremo a todos los efectivos, utilizando si es necesario el buque insignia de
la profesión que es la farmacia rural. Pronunciar que los colegios
profesionales no respaldan la defensa de la farmacia rural mediante el
sostenimiento del modelo planificado no sería cierto, como tampoco que si es
necesario se utiliza y luego se aparca para “por si acaso”. La cuestión que me
surge es si las oficinas de farmacia en situación de precariedad real no se
sienten abandonadas por sus colegios.
En cuanto a la administración
estimo está obsesionada con el gasto y, mientras se facilite por la profesión
su control, dejarán en manos de nuestros representantes colegiales el dictado
de otras cuestiones no menos capitales para los boticarios. Por otra parte
considero que también la administración es sensible a la realidad de la
farmacia rural de núcleos muy pequeños. En mi comunidad autónoma son
conscientes de la extensión de su territorio, de su baja densidad poblacional, de
la existencia de gran cantidad de oficinas de farmacia en municipios muy
pequeños y su compromiso con el paciente.
La promoción del farmacéutico
rural es muy complicada. Son muy pocas las farmacias de nueva apertura que
salen a concurso, hace tiempo hice una estimación y venían a ser unas 150 cada
año en el conjunto del Estado. En Castilla y León se intenta amortizar las
oficinas de farmacia que quedan vacantes tras un consurso. No está legislado
con detalle pero la amortización es el espíritu que intenta aplicar la
administración. Como he expuesto con anterioridad a quién perjudica la
amortización de boticas es a los nuevos farmacéuticos que quieren comenzar a
ser boticarios mediante la compraventa, al ser boticas de baja facturación y
por ende más accesibles, pero por mucho que se quieran cerrar los ojos son
farmacias donde el ejercicio es de una precariedad insostenible. Una de las
iniciativas que se podrían proponer es dar más puntos a los rurales que
concursan por una farmacia de nueva apertura. Otra podría ser también la de dar
más puntos para optar a un puesto en la administración surgiendo el problema
del valor patrimonial de la botica que se deja. Cursos formativos on line van
saliendo, me gustaría que los colegios ofertaran más, y es la opción formativa
por la que me inclino debido a que la particularidad del ejercicio en el medio
rural donde es muy difícil participar en cursos presenciales que, por otra
parte, también son necesarios para una completa formación de los profesionales.
Andrés Reviriego.
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