Recientemente el diario Público informaba que un enfermo valenciano se ponía en huelga de medicamentos arriesgando su salud porque no quería pagar el 10% que desde el 1 de julio le obligan a pagar por su medicación.
El texto literal de la noticia reza así:
Agustí Aguilar Escuder tiene 55 años y una minusvalía del 71% que le impide trabajar desde 2007. A consecuencia de un ictus, una trombosis y varias hernias discales tiene que tomarse 17 pastillas al día. Cuando Agustí fue a su farmacia a principios de mes, le pidieron que abonara un 10% de lo que cuesta su medicación, como deben hacer todos los jubilados desde el pasado 1 de julio. Aunque puede asumir el gasto porque su pensión asciende a 2.000 euros mensuales, se plantó: "Me negué a pagar y desde entonces estoy en huelga farmacéutica. No lo hago por mí, sino por toda la gente que se ve obligada a elegir entre comer o pagar su tratamiento", afirma.
El precio mensual de la medicación de Agustí, que lleva ya diez días sin medicarse, ascendió el pasado mes de junio a 3.392,42 euros, según acredita la factura farmacéutica de este paciente, firmada por la botica de Carmen Aura en La Cañada, en Paterna (Valencia). "A nosotros nos llegan las recetas con el código que marca qué aportación debe realizar el paciente, simplemente nos limitamos a cobrar lo que nos dice el ordenador", explica esta farmacéutica, que añade que es el médico quien cataloga el perfil del paciente.
Agustí asegura que su doctor le dijo que aunque debía pagar el 10% de su medicación (es decir, unos 300 euros mensuales), Sanidad le devolvería parte del dinero. El Ejecutivo establece que a los pensionistas que se gasten más de diez euros al mes durante tres meses se les devolverá el dinero pagado por encima del límite fijado. El tope mensual para los jubilados con las pensiones más altas se establece en los 20 euros.
"Yo me puedo permitir el lujo de medicarme, pero ¿y la gente con pensiones de 500 euros?"
"No me fío", afirma Agustí, "hace un año me pasó lo mismo con las cuatro ortesis [férulas ortopédicas] que llevo. Las pagué enteras y, en teoría, a los tres meses me tenían que pagar el tanto por cien que me correspondía y aún estoy esperando", protesta. "No hago huelga por motivos económicos, yo me puedo permitir el lujo de medicarme, pero ¿y la gente que tiene pensiones de 500 euros? O comen o se mueren, es una injusticia. Yo no me medicaré hasta que no me den mis fármacos sin pagar un céntimo", asegura por teléfono. "He tenido un infarto, una trombosis, tengo hernias discales, los dos nervios ciáticos de la pierna derecha comprimidos, el hombro derecho congelado y jaquecas, para las que necesito oxígeno. Estoy mal y no sé cuánto aguantaré sin medicamentos", cuenta Agustí, que advierte: "Si me pasa algo, la culpa será de las mentiras de la ministra de Sanidad y de la Conselleria de Sanitat del País Valencià".
La conselleria recuerda por correo electrónico a "todos los pacientes de la Comunitat que la administración sanitaria cumplirá en tiempo y forma cualquier devolución que legalmente les corresponda".
Agustí mandó hace ocho días una carta al consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Luis Rosado, de la que aún no ha tenido respuesta. En la misiva, el paciente adjunta la documentación que acredita su situación. "Espero que no deseen que me muera o que recaiga, que tenga que ingresar por empeoramiento de mi enfermedad, cuando ustedes están financiando carreras de coches y a personas que han arruinado a nuestra comunidad", escribe Agustí, que critica también que "los medios de comunicación digan que en el País Valencià, con el repago, no existe ningún problema".
El articulo no tiene desperdicio. Un enfermo diagnosticado por un médico de infarto, trombosis, con hernias discales, los dos nervios ciáticos de la pierna derecha comprimidos, el hombro derecho congelado y jaquecas requiere de las arcas públicas, por desgracia suya, 5.392,42 euros al mes (2.000 de la pensión más 3.392,42 en medicación). Vive en la comunidad valenciana donde las farmacias se las ven y se las desean para cobrar las facturas de la Administración generadas, no por la farmacia de Dª Carmen Aura en La Cañada -Paterna- quien se limita a dispensar lo prescrito sino por el médico que lo prescribe.
La pensión se cobra rigurosamente todos los meses pero ahora bien, si Dª Carmen Aura no cobra lo que la administración le adeuda eso ya no es problema del paciente sino de Dª Carmen Aura.
Esos 3.392,42 euros de la medicación de Agustí le cuestan a Dª Carmen Aura (No a la Administración) una cantidad a la que ella, a título particular, que tiene que hacer frente todos los meses, independientemente de cuando y cuanto se los paguen a ella.
No tiene -Dª Carmen- ni siquiera la opción de negarse a dispensarla pues le viene prescrita en receta oficial. Además tampoco tiene la facilidad de ponerse en huelga de la que sí dispone Agustí, ni cuenta con la cobertura mediática de éste enfermo.
Al final mi pregunta es si la situación que todo el país atravesamos se prolonga en el tiempo ¿hasta cuando soportará el actual modelo farmacéutico español la gratuidad de la sanidad?.
Fdo. Cristóbal Cabrera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario