Sanidad rechaza los argumentos de la CE e insiste en pedir una reunión

Teresa Pagés avala la competencia de las CCAA y defiende promocionar a los farmacéuticos rurales.
El Ministerio de Sanidad ha dado una respuesta diplomática y cuidadosa al duro ataque de la Comisión Europea contra el modelo español de farmacia en su toma de posición sobre la cuestión prejudicial asturiana en el Tribunal de Luxemburgo que desvelaba CF la semana pasada. En su escrito al tribunal, la CE afirma que España antepone el privilegio del titular de la oficina de farmacia a la protección de la salud y, entre otras cosas, califica de discriminatorio el primar a los boticarios rurales para acceder a nuevas boticas.
J. Trujillo julio.trujillo@rcorreofarmaceutico.com 27/10/2008
Teresa Pagés, directora general de Farmacia, declara a CF que respeta la posición de las instituciones comunitarias, pero no comparte "los argumentos contra la promoción de la farmacia rural calificada de discriminatoria", y subraya la competencia de las autonomías en la regulación en sus territorios de los servicios farmacéuticos. Sanidad insiste en la necesidad de un encuentro bilateral con la Comisión para hablar del modelo de farmacia y del dictamen motivado contra España. Como ha señalado CF en varias ocasiones, el comisario de Mercado Interior no ha respondido a una solicitud de encuentro del ministro de Sanidad, hecha por carta el mes de abril.
CE y 'Ecorys': contradicciones aparentes
Para fundamentar sus propuestas de liberalización de los modelos de farmacia europeos sometidos a regulación, la Comisión Europa encargó a una consultora privada holandesa, Ecorys, un informe sobre la situación de los servicios farmacéuticos en la Unión Europea. De ahí nació el Informe Ecorys, en el que la CE ha basado todo su argumentario contra el modelo español de farmacia. Sin embargo, hay contradicciones entre algunas conclusiones del informe citado y los argumentos de la Comisión.
Entre los efectos no deseados y predecibles de un proceso de liberalización de los modelos de farmacia, el propio informe señala la desincentivación para abrir oficinas de farmacia en zonas rurales, dada su menor rentabilidad, y sugiere que los gobiernos tendrían que tomar medidas presupuestarias de subvenciones y ventajas fiscales para animar a los farmacéuticos a establecerse en medios rurales. Ahora, en sus alegaciones ante Luxemburgo, la Comisión califica como "discriminatoria" la promoción de los boticarios rurales, que trata precisamente de que no se llegue nunca a la situación temida por el infome Ecorys y, además, no supone un coste a los Presupuestos Generales del Estado. Una contradicción que tendrá que resolver Bruselas.
Extracto de la noticia publicada el día 27/10/2008 en la sección "Profesión" del semanario Correo Farmacéutico.