I Foro ‘Conversaciones sobre botica’
La farmacia rural pide mayor
inversión para garantizar la supervivencia del servicio en los pueblos pequeños
Más de 14 millones de personas, que
viven en pueblos de menos de 20.000 habitantes, estarían en riesgo de perder
prestación farmacéutica
SEFAR alerta de que la situación es especialmente grave en los pueblos de menos
de 500 habitantes, donde se estima que viven unas 750.000 personas
SEFAR recuerda que la prestación farmacéutica está regulada por el
Estado, con el fin de garantizar un acceso universal y apela a la intervención
de la Administración para mantener la equidad y la sostenibilidad del sistema
Los partidos políticos reconocen el
papel social y sanitario de la farmacia rural, y coinciden en la necesidad de
reformar el modelo actual para asegurar su conservación
Madrid, 20 de abril de 2016.- Desde que comenzó la crisis, las farmacias del
entorno rural viven una situación
agónica que podría llevar a muchas de ellas al cierre definitivo, una
situación que podría afectar a los más de 14 millones de personas que viven en
municipios de menos de 20.000 habitantes, dejando sin este servicio sanitario a
los más de 750.000 habitantes que viven en municipios con poblaciones
inferiores a 500 habitantes.
Para encontrar una solución a este problema, la
Sociedad Española de Farmacia Rural, SEFAR, con la colaboración de CíceroComunicación, convocó ayer el I Foro Conversaciones sobre botica, donde se
dieron cita los responsables de Sanidad de los principales partidos políticos
de nuestro país. El objetivo, exponer a los decisores las dificultades por las
que está pasando la farmacia rural y reivindicar medidas que corrijan los
desajustes que se están produciendo, principalmente económicos, y que están
poniendo en riesgo la existencia de la asistencia farmacéutica en el entorno
rural.
Frente
a Francisco Javier
Guerrero, presidente de SEFAR, y para escuchar sus propuestas y
demandas, estuvieron D. José Ignacio Echániz Salgado, Secretario
Ejecutivo de Sanidad en el PP, D. José Martínez Olmos, portavoz de
Sanidad del PSOE en el Senado, D. Fernando Navarro, portavoz de
Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Dña. Ana
Castaño Romero, responsable de Sanidad en Podemos y D. José Andrés
Llamas, Secretario de Salud de IU en Madrid.
Después de casi noventa minutos de discusión y
exposición de argumentos, todos los
ponentes que participaron en el debate coincidieron en valorar positivamente el
modelo actual, aunque reconocieron que se ha llegado a un punto extremo en el
que es preciso hacer algunas modificaciones para poder seguir garantizando el acceso
universal a este servicio, sorteando las dificultades económicas.
Condicionantes de la farmacia rural
Entre los factores que condicionan la vulnerabilidad
de la farmacia rural, Guerrero destacó, entre otros, la imposición de una
retribución común, una mala localización, la tipología de la población a la que
atienden, precariedad laboral, y la dependencia de sus ingresos, en un 90%-95%,
de la dispensación de recetas. Para el presidente de SEFAR, se necesita un
sistema que “garantice a estos establecimientos poder cubrir sus gastos fijos, y
a sus titulares obtener unos ingresos netos equiparables a los de un farmacéutico
de atención primaria, y recuerda que la facturación media de la farmacia rural
es un 88,58% inferior a la de la farmacia media tipo”.
Las principales reivindicaciones de SEFAR se
centran, por un lado, en la necesidad de evaluar a priori el impacto que puedan
tener sobre las partes más débiles, en este caso las farmacias rurales,
aquellas medidas que desde la Administración decidan tomarse como consecuencia
de la crisis económica, y por otro, en aplicar un incremento de las
aportaciones que reciben estas farmacias más vulnerables.
Para Guerrero, la situación en la que se encuentra
la botica rural “responde, fundamentalmente, a un uso inadecuado de los
recursos públicos. La farmacia rural constituye, en número, el 4,53% de la red
de farmacias, sin embargo solo consumen el 1% de los recursos que aporta el
Estado”. En su propuesta, SEFAR apela a una redistribución de los recursos
públicos, pasando del 1% actual al 1,5%, ya que “en un sistema como el actual,
regulado para garantizar el acceso a la prestación en condiciones de libertad e
igualdad, ninguna farmacia debería cerrar por problemas económicos, y menos en
el entorno rural, ya que son éstas las que garantizan la universalidad de la
prestación”.
José
Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, asumió que el modelo retributivo “no es el adecuado para el
contexto actual” y reconoció que a pesar de las dificultades que implica su
cambio, “es necesario hacer reformas”. Así propuso, como primer paso imprescindible,
establecer unos criterios, y determinar cuáles son las farmacias que están en
riesgo de desaparecer y que son imprescindibles para la población, y a partir de
ahí comenzar a trabajar”.
El portavoz socialista recordó que actualmente se
destinan unos 2.500 millones al gasto en farmacia y reconoció que incrementar
ese medio punto no comprometería el gasto público.
Fernando Navarro, portavoz de Ciudadanos en la
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, admitió que “la contención
del gasto se ha centrado en los medicamentos dispensados con receta y además se
ha hecho de forma lineal, de modo que las grandes farmacias han podido
aguantar, pero las pequeñas están sufriendo muchísimo”. En su propuesta, Navarro
abogó por una modificación de “la estructura de beneficios y que la
rentabilidad no recaiga solo en el medicamento con receta. Somos conscientes de
que en las farmacias rurales, un alto porcentaje de las ventas son con receta y
no tienen acceso a otro tipo de venta libre, que sí tienen las farmacias
urbanas y a las que han recurrido para sobrevivir a la situación de crisis”.
José
Ignacio Echániz Salgado, Secretario Ejecutivo de Sanidad en el PP,
apostó en su intervención por una defensa del modelo de farmacia vigente,
aunque reconoció de la necesidad de tomar medidas que “impulsen la farmacia
rural desde un punto de vista legislativo, así como de mejorar los instrumentos que nos permitan conservar
uno de los elementos más importantes de nuestro Sistema Nacional de Salud”.
Un servicio regulado por el
Estado
El presidente de SEFAR recordó que el estado es el
que regula el servicio de farmacia “con el fin de garantizar una prestación
universal a toda la población con independencia de donde ésta viva”, y sin
embargo, la regulación parece no estar resultando satisfactoria.
Al hilo de esta reflexión, José Andrés Llamas, Secretario de Salud
de IU en Madrid, se llevó el debate al terreno internacional, defendiendo que “existe una incongruencia, porque por un lado se
defiende el actual sistema regulado, pero por otro lado, estos partidos (en
referencia a PP, PSOE y Ciudadanos) aceptan el secreto de las negociaciones del
Tratado del Libre Comercio (TTIP) con Estados Unidos, donde el sistema de
farmacia tiene una regulación completamente diferente a la de España”.
Respecto a las consideraciones sobre el gasto
farmacéutico, Llamas contempló la necesidad de hacer un diagnóstico para
definir “qué unidades financiamos, cuáles dejamos de financiar y cuáles son las
que intervienen realmente en el incremento del gasto farmacéutico, de tal modo
que si aplicamos las medidas a partir de un correcto diagnóstico de la
situación, evitaríamos las consecuencias indeseadas que luego se dan en ámbitos
concretos del sistema como las farmacias rurales”.
Un modelo más allá del
mercantilismo
La propuesta de Ana
Castaño Romero, responsable de Sanidad en Podemos, apostó por la
implantación de un nuevo
modelo de redistribución y de una serie de mecanismos que determinen qué otros
servicios sanitarios puedan entrar a formar parte de la oferta de la oficina de
farmacia, “para que no dependiera exclusivamente de la cuestión mercantil, de
lo que venda o no venda”.
Para la portavoz de Podemos, “es un buen momento
para empezar a debatir sobre la prestación sociosanitaria y comunitaria que
puede ofrecer la farmacia y que, desde la farmacia rural, sería el modo de
empezar a poner en marcha esta nueva redistribución”.
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